Webinar: Impacto fiscal y correcta documentación de operaciones inmobiliarias en Guatemala

¿Está seguro de que sus operaciones inmobiliarias están correctamente estructuradas desde el punto de vista fiscal?

Un error en la documentación o en el criterio tributario puede costarle mucho más que este webinar.

Aprenda, con criterios prácticos y reales, cómo documentar correctamente operaciones inmobiliarias y relacionadas, para evitar contingencias, ajustes y fiscalizaciones de la SAT.

Basado en más de 25 años de práctica tributaria e innumerables auditorías y mesas técnicas de la SAT en las que se ha recopilado la perspectiva, objeciones, criterios que se traspolan a las actvidades inmobiliarias.

¿Para quién es este webinar?

✔️ Dueños de terrenos y casas que desean vender, arrendar o estructurar operaciones.

✔️ Notarios que intervienen en escrituras de compraventa y negocios complejos en el ámbito inmobiliario.

✔️ CPA y consultores tributarios que asesoran operaciones inmobiliarias.

✔️ Corredores inmobiliarios.

✔️ Desarrolladores inmobiliarios.

Inscripción

También puede llamar a Virginia al 22793939 para completar su inscripción.

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¿Qué aprenderá?

• ¿Qué impuestos realmente aplican en cada tipo de operación?

• ¿Cómo documentar correctamente para sostener el criterio ante la SAT?

• Errores frecuentes que generan ajustes y multas.

• Diferencias entre lo que dice la ley y lo que se revisa en la práctica.

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Operaciones que se analizarán

✔️ Venta de inmueble

✔️ Aporte y venta de acciones vinculadas a inmuebles

✔️ Arrendamiento

✔️ Construcción en terreno ajeno

✔️ Leasing

✔️ Venta de inmueble usado y cesión/venta de acciones

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¿Qué incluye?

✅ Webinar en vivo

✅ Checklist fiscal descargable

✅ Grabación disponible por tiempo limitado

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⏱️ Duración total ideal: 2 a 2.5 horas

Fecha: 11 de febrero de 2026 (miércoles) de 4 a 6pm.

💰 Precio regular: Q850

🎯 Early bird: Q650 (hasta el 6 de febrero)

Una sola mala estructura puede costar más que esta inversión.

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1. TEMARIO ÓPTIMO DEL WEBINAR

🎓 Título recomendado

Impacto fiscal y correcta documentación de operaciones inmobiliarias en Guatemala

Criterios prácticos para evitar contingencias ante la SAT

Módulo 1 – Marco general (base común)

• Principios fiscales que la SAT aplica en operaciones inmobiliarias

• Diferencia entre:

• Forma jurídica

• Sustancia económica

• Errores recurrentes en la práctica (más allá de la ley escrita)

• Documentar bien ≠ pagar más impuestos

Módulo 2 – Venta de inmueble

• Impuestos que pueden aplicar:

• ISR

• IVA (cuándo sí / cuándo no)

• Timbres

• Errores frecuentes:

• Precio mal sustentado

• Documentación insuficiente

• Criterios que la SAT suele cuestionar

• Buenas prácticas de documentación

Módulo 3 – Aporte y venta de acciones vinculadas a inmuebles

• Cuándo un aporte es realmente un aporte

• Venta de acciones vs venta encubierta de inmueble

• Riesgos de recaracterización

• Documentos clave que sostienen la operación

Módulo 4 – Arrendamiento

• Tratamiento fiscal correcto

• IVA vs ISR

• Contratos que generan contingencias

• Errores comunes en arrendamientos entre relacionados

Módulo 5 – Construcción en terreno ajeno

• Impacto fiscal real de la figura

• Cuándo hay renta, cuándo no

• Documentación mínima indispensable

• Riesgos en fiscalizaciones posteriores

Módulo 6 – Leasing

• Diferencia fiscal vs contable

• Errores de tratamiento

• Contratos que no resisten revisión de la SAT

Módulo 7 – Venta de inmueble usado y cesión/venta de acciones

• Criterios clave que la SAT analiza

• Diferencias de tratamiento

• Documentos que hacen o rompen la defensa fiscal

Se llevará

• Checklist fiscal descargable

• Acceso a la grabación

• Diploma digital

Los legisladores sueñan con poder cambiar el mundo

Hoy encontré que nuestro Congreso de la República recibió tres propuestas de ley que seguramente causarán conferencias de prensa de más de alguno de los proponentes. Lo que difícilmente causen son resultados positivos. Veamos cada una y sus posibles efectos.

  1. Iniciativa 6658: Dispone aprobar «Reformas al Código Penal en materia de Incumplimiento de Deberes y Homicidio Culposo«, en la cual se adiciona que también comete homicidio culposo el funcionario o empleado público que por incumplir deberes propios de su cargo, cause por omisión la muerte de una persona.

Si bien es una buena idea, imagínense el problema de ahora querer ser ministro de gobernación, ministro de comunicaciones, policía, hasta presidente, si un motín en una cárcel o un bache en una carretera terminan en un fallecido. la cantidad de antejuicios o denuncias penales al dejar el cargo que les esperan. La reforma que debería promoverse para hacer más «preocupados» de sus actos a los funcionarios es procesal. Ahora ya son responsables, aunque el Estado es el responsable solidario, procesalmente debería tener un procedimiento expedido para iniciar y facilitar el daño causado por acción y omisión. hacerlos responsables penales, fuera del análisis jurídico que podrán hacer algunos penalistas de mejor manera que yo, resulta más una barrera para encontrar buenos funcionarios, que un elemento que mejore la calidad de los funcionarios y empleados públicos.

Iniciativa 6659: Dispone aprobar la «Ley Cero Tolerancia al Sicariato» la cual adiciona el artículo 132 al Código Penal, relativo al sicariato, regulando que quien por sí o por interpósita persona, mediante precio, recompensa, promesa remuneratoria o cualquier otro beneficio, dé muerte o cause lesiones graves a otra persona será sancionado con prisión de 30 a 50 años inconmutables. También se modifica el artículo 12, literal c) de la Ley contra la Delincuencia Organizada, estableciendo que si los miembros de grupos delictivos organizados cometieren el delito de sicariato, utilizando a menores de edad, se les impondrá la pena máxima. Se adiciona regulación respecto a programas permanentes de prevención y reinserción, dirigidos a adolescentes en riesgo de ser reclutados por estructuras criminales y se adiciona que el delito de sicariato será considerado de acción pública, y en ningún caso podrá convertirse a acción privada.

El sicariato ya existe como tal en los casos de homicidios calificados. La utilización de menores podría ser un agravante adicional, aunque el problema real existe en la calificación de inimputables que la Constitución da a los menores de edad. Una verdadera reforma podrá ser reducir la minoría de edad penal a 16, por ejemplo. Claro, el verdadero y grave problema sigue siendo procesal, así como estructura del poder judicial. Un sistema oral, como el nuestro, requiere de por lo menos 10-12 jueces por cada 100,000 habitantes. Nosotros estamos alrededor de 6.9-7.7 jueces por cada 100,000 y en algunas otras fuentes se habla de 4.4-6. En una conversación con Grok sobre el tema, concluyó que unos 14-18 jueces por cada 100,000 habitantes sería lo necesario para mantener un buen ritmo judicial. Grok indica que para alcanzar ese rango prudente (12-18), se necesitaría:

Distribución territorial equilibrada (actualmente muy concentrada en Guatemala y áreas urbanas).
Asegura que con 7.7 actuales, el sistema está sobrecargado y vulnerable. Un número prudente para un sistema de juicios orales efectivo en Guatemala sería aspirar a 14-18 por 100,000 habitantes como meta realista a 5-10 años, empezando por llegar al menos a 12 para estabilizarlo. Esto coincidiría con lo que varios reportes locales consideran necesario para reducir la congestión y mejorar el acceso real a la justicia. La priorización, en lo que coincido, implica un aumento progresivo de plazas (priorizando penales, familia y zonas rurales/indígenas). Realizar un fortalecimiento del apoyo a los juzgados: más secretarios, relatores, peritos y tecnología (audiencias virtuales, expediente digital). Se debe, además, fortalecer los filtros previos: un MP más eficiente, mediación obligatoria en civil/familia, desjudicialización de faltas menores. Y lo más importante es generar una carrera judicial meritocrática y capacitación continua en oralidad.

En este punto es grave que cada 5 años cambiamos a TODOS los jueces superiores, al mismo tiempo. Es lógico que el sistema colapse.

Iniciativa 6661: Dispone aprobar la «Ley que declara la Inembargabilidad e Imprescriptibilidad de los Derechos de los Jubilados del Estado» en la cual se reforma el artículo 306 del Código Procesal Civil y Mercantil, estableciendo que son inembargables las pensiones, jubilaciones, montepíos, rentas vitalicias e indemnizaciones de carácter previsional otorgadas por el Estado. 

Suena a una genial idea. Ahora bien, lo importante es preguntarse qué le podría suceder a una persona cuyos ingresos son inembargables, sin entrar en el anillo emocional que esa situación puede contemplar. Sencillamente, una persona cuyos ingresos son inembargables resulta en una persona que no es sujeto de crédito.

La intensión, por tanto, sobra cuando el efecto es negativo para quien goza del «beneficio». De esa misma cuenta resulta problemática la disposición que genera salarios inembargables o personas cuyos ingresos se protegen de una medida de cobro. Entre más complicado sea poder cobrar una deuda, menos posibilidades de tener acceso a fuentes de financiamiento legales. Así que con disposiciones de este tipo son los agiotistas los que celebran.

Mario E. Archila

Webinar: criterios de SAT para ajustes en 2025

Contenido: 
1. Pagos a accionistas y dueños
2. Pagos por servicios y su correcto soporte
3. Gastos en Guatemala sin reportar ingresos en Guatemala
4. Bancarización
5. Los conceptos correctos en las facturas 
6. Ajustes del IGSS y de SAT en planillas 

Q360
17 de diciembre de 4-6pm
Inscripción: vgarcia@consortiumlegal.com

Los espero.

Es hoy. Ya son 50.

Era viernes. Hace 50 años que si mi primer respiro. Me salieron dientes, se cayeron los dientes. Pasé de algunos centímetros de largo a ser adulto. El cuerpo creció por inercia. El alma, la mente y el espíritu, no. Eso van creciendo por caer, por levantarse, por reflexionar, por cambiar, por probar. La vida es aquello que trasciendes y eso lo he aprendido en mis 40. Llego a 50 con la certeza que la vida es menos complicada de lo que pensé, pero requiere más valentía de la que traje al mundo. Era viernes, hoy es viernes. Inicio y final de un ciclo, para se vengan otros 50. Espero que para esos siguientes 50 ya le sepa a esto de vivir. #cumpleaños

Mario Estuardo Archila

Los precios con la ley de Competencia no bajarán

El miércoles 10 de septiembre de 2025 estará disponible el vídeo sobre la fijación de precios en un mercado como el guatemalteco y la incidencia que la plena entrada en vigencia de la ley de competencia tendrá en los precios.

También estará disponible como podcast en todas las plataformas.

https://creators.spotify.com/pod/profile/mario-e-archila/episodes/Los-precios-con-la-ley-de-competencia-NO-BAJARN-e37un0b

Ahora bien, si quieres verlo inmediatamente, está disponible acá para suscriptores:

https://www.patreon.com/posts/los-precios-no-138421433?utm_medium=clipboard_copy&utm_source=copyLink&utm_campaign=postshare_creator&utm_content=join_link

Mario E. Archila

Un problema de competencia

Muchos están emocionados con la entrada en vigencia de la ley. Celebran con bombos y platillos que los precios van a bajar gracias a esta nueva ley.

Bastante equivocada la postura, considerando que no necesariamente tenemos un mercado con prácticas anticompetitivas, sino que es más un mercado con prácticas gubernamentales que impiden la competencia misma.

Lo más escalofriante que demuestran los números, son los trámites en Guatemala.

Veamos tiempos. Según un estudio de Banco Mundial, lo tiempos de aduanas en Guatemala son casi 20 veces más largos para exportación y para la importación casi 9 veces más que en los países desarrollados.

Trámites y tiempos

Les dejo el análisis completo que realizara UFM Market Trends acá para que lo vean.

Las barreras al comercio como causa del contrabando: El caso de Guatemala.pdfDownload

Ahora bien, ese problema no es únicamente en ese trámite, sino que tenemos el gran problema de la tramititis en el país.

Guatemala, según el Banco Mundial, tiene la mayor cantidad de trámites de Latinoamérica:

Cantidad de trámites en Latinoamérica y Caribe

De estos trámites, cada uno dura en promedio 4.5 horas. ¿Cuánto cuesta un trámite en tiempo-vida de una persona? Con 2 trámites por producto, ya tenemos más de 1 jornada completa de trabajo de 1 persona. Es así que las barreras de entrada son trámites, poco medibles económicamente.

Los aranceles, que es lo que la gente puede cuantificar fácilmente, son tan bajos en Guatemala que pareciera que somos el paraíso de la libertad de comercio. Sin embargo, los productos más necesitados, los de consumo masivo y frecuente, requieren muchos trámites para poder ser comercializados.

Es por ello, que le tengo muy poca fe a la ley de competencia. Es mucho el trabajo que hay que hacer como país para empezar a ver resultados. Todos los trámites, tiempos de aduana, tiempos de logística, etc., son factores que suman al costo y distorsionan precios. Es imposible ser competitivo si debe compensarse que la carga viaja a 12-18 kilómetros por hora en el país y no a 75-100 kilómetros por hora como ocurre en países civilizados. Que para salir de aduana nos tardamos días con la carga y no horas. Que para poner una tienda o vender un producto debemos tener licencia ambiental, sanitaria, municipal, registro de producto, autorizaciones de locales, entre otros 5000 trámites posibles. Luego, de haberse olvidado alguno o de haber cumplido todos, pero con alguna idea de algún burócrata nuevo de turno, estar sujeto a sanciones por seguridad social, seguridad ocupacional, impuestos, juzgados municipales, tránsito, autoridades de ambiente, aduanas, salud y otras.

Cada uno de esos puntos es un “costo adicional” que se vería en una gráfica como se puede ver acá el “precio adicionado por impuesto”, ya que son impuestos que se pagan en tiempo, no en efectivo:

Costo adicional

Con eso dicho, consideramos bastante difícil que la ley modifique en algo los precios de venta. Es más, un error en prioridades que establezca dicha Superintendencia de Competencia, podrá causar aún mayores costos a los “agentes económicos” que desplace competencia fuera del mercado, en lugar de abrir la competencia. Es por ello que todo el enfoque inicial de la Superintendencia de Competencia debería ser empujar las reformas legales y reglamentarias para mejorar el ambiente de competencia en el mercado. Una reforma tipo la que Milei inició en Argentina al eliminar normas que permitían controles gubernamentales.

Mario Estuardo Archila M.

Nos quieren ver la cara de burros

Los diputados JULIO CESAR PORTILLO PAZ, PABLO LEONEL CIFUENTES OVALLE, JORGE MARIO VILLAGRAN ALVAREZ, CARLOS ENRIQUE LOPEZ MALDONADO, MARCOS EDUARDO TEBELAN PANTZAY, MANUEL DE JESUS ARCHILA CORDON, JULIO CESAR LOPEZ ESCOBAR, ALBERTO EDUARDO DE LEON BENiTEZ, JAIRO DANILO ORELLANA SANDOVAL, MARIO VELASQUEZ PEREZ, LUIS FERNANDO AGUIRRE ESTRADA, SERGIO LEONEL CELIS NAVAS, CESAR ROBERTO DAvILA CORDOVA Y KEVYN LUIS CARLO ESCOBAR CASTILLO presentaron la iniciativa 6408, Ley de Reducción de precios de la canasta básica, la que pueden leer acá.

Evidentemente estos dignos representantes del pueblo nunca pasaron por un aula de economía de la de verdad, no de esa que dice que el precio se determina por las horas-hombre necesarias para su producción sino que la de verdad.

Estos doctores en populismo, por supuesto, no han entendido qué causaría su dichosa ley, claro, es totalmente inconstitucional, pero seguro tampoco nunca han leído la dichosa Constitución.

La excusa, obviamente, es garantizar el acceso a alimentos y productos esenciales, por supuesto, pero están recetando cianuro disuelto en agua para calmar la sed.

El artículo 3 de esta propuesta, que debería adjetivarla, pero luego dicen que soy maleducado aunque diga la verdad, indica: «Articulo 3: Control de Precios: EI Ministerio de Economía establecerá un sistema de precios máximos para los productos de la canasta básica. los cuales serán revisados y ajustados trimestralmente para reflejar los costos de producción y las condiciones del mercado.»

Como dijo Jack El Destripador, «vamos por partes». La idea que los costos dictan los precios es una de las ideas económicas más absurdas, infantiles y fuera de lugar que se repite por pericos sin mucha comprensión. Si los costos dictaran los precios, nadie nunca quebraría. Error común de los populistas, pues es OBVIO, que las empresas quiebran a cada rato. Los precios se determinan por «mercado», que es un juego de oferta y demanda, mismo que no pretendo explicar acá, sin embargo es fácil concluir que cuando hay «control de precios» lo que menos existe es condiciones de mercado.

¿Qué sucede cuando se establecen precios máximos? Evidentemente, lo sabe cualquier estudiante de del primer curso economía básica (de nuevo, de la de verdad): se crea escasez.

Esta gráfica, creada por Grok para que no digan, claramente muestra el efecto. La línea azul es la demanda y la línea roja, la oferta. La línea punteada verde es el precio máximo. Ese precio máximo reduce la oferta de esos (4 unidades) y aumenta la demanda natural de dichos bienes (de 5 a 6 unidades). El equilibrio se rompe y existe la escasez, pues ahora faltan 2 unidades para el equilibrio.

Claro, los genios evidentemente ¿qué hacen en el proyecto de ley? Crear un subsidio. Es decir, fijan el precio y aumentan la demanda, bajan la ganancia posible y natural de esos productos, con lo que los productores no podrían vender de manera normal y causa escasez. Para evitar la pérdida por la baja del precio, entonces generan un subsidio. El efecto del subsidio es aumentar artificialmente la oferta a un menor precio, con lo que se aumenta la oferta, normalmente por encima de la cantidad de equilibrio a su precio natural, pues el productor quiere cobrar el subsidio. La calidad probablemente baje y esa ganancia es una ganancia no natural.

En corto, pagamos dos desajustes, los que pagamos impuestos, pues pagamos el subsidio, que usualmente genera sobreproducción. En el ejemplo gráfico anterior, quizás la producción aumente a 8 unidades, pero el consumo será únicamente 6, causando una pérdida de producción pagada con impuestos. Adicionalmente, se desviaron recursos que se usaban en otras cosas para cubrir la sobreproducción y, por tanto, otros productos escasearán al verse desviados a producir bienes subsidiados.

Luego pide la ley, como por arte de magia, que se fomente la Competencia: Artículo 6: Fomento a la Competencia:
Se promoverá la competencia en el mercado de alimentos. facilitando la entrada de
nuevos actores y eliminando practicas monopólicas que afecten los precios de la canasta
básica.

El subsidio aumenta la cantidad de personas que quieren entrar a producir un bien, lo que sí hará que aumente la competencia en el sector, pero no para producir mejor y más barato, sino para cobrar el subsidio. Eso no es competencia sino una práctica parasitaria. Viven de los impuestos, no de vender comida. La pregunta, obviamente, es cómo se hará esto, pues la Superintendencia de Competencia es autónoma y esta ley choca con los principios básicos de libre competencia. Colocar precios máximos y subsidios es totalmente contrario a un principio de libre competencia. Pero los señores diputados crean una Comisión Nacional de la Canasta Básica para garantizar esta su tontería, con las funciones de supervisar los precios en los mercados, implementar el programa de monitoreo y control de precios, proponer ajustes a las políticas de subsidios y exoneraciones fiscales, así como fomentar las participación de la «sociedad civil» en el monitoreo de los precios. Tiene sanciones que son igual de disparatadas.

De la lectura de la propuesta de ley, es evidente que los diputados la están «tirando» para la noticia, no porque pretendan que se apruebe, ya que los defectos en la misma son totalmente evidentes. Crean subsidios sin fuente de financiamiento, comisión sin establecer su estructura, penalizaciones sin tipificación ni procedimiento de aplicación y no definen, en ningún lugar qué es canasta básica. Es, por tanto, un medio de hacer conferencias de prensa y colgarse la medallita, tan mal hecho, que lo que merecen es un coscorrón.

Ah, se me olvidaba, pretenden la exoneración del IVA, que evidentemente está mal redactada y luego, tampoco conocen el efecto final de eliminar el IVA en la venta al consumidor final, pues lo que causan es un costo adicionado en el productor y distribuidor de estos productos para evitar que puedan recuperar su crédito IVA. Es decir, distorsionan la cadena de valor y encarecen el precio final base, ya que el crédito del IVA ya no es compensado.

Allí se lo dejo.

Mario E. Archila

Conversatorio sobre Fiscalización SAT

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Aranceles y la oportunidad para Guatemala

El presidente Trump anuncia aranceles según, lo que entendí, lo que considera él barreras al comercio contra productos estadounidenses, principalmente barreras no arancelarias. Las barreras no arancelarias son, por mucho, las más complicadas de medir. El arancel es muy sencillo, dado que se representa con un porcentaje del valor de la mercancía. En el caso de las barreras no arancelarias estamos, normalmente, ante trámites previos a la nacionalización e importación de la mercancía.

Trump, para Guatemala, fija el arancel en 10%. Es indica que no considera que el país tenga aranceles elevados para los productos de EEUU, sin embargo que existe algún tipo de barrera al comercio que Guatemala debe atender.

Si analizamos el comercio con Estados Unidos desde la perspectiva de la balanza comercial, encontramos lo siguiente:

Las importaciones de productos estadounidenses es mayor a lo que exportamos a ese país.

Para el año 2024:

  • Exportaciones de Guatemala a Estados Unidos: US$4,614.0 millones.
  • Importaciones desde Estados Unidos a Guatemala: US$10,545.2 millones.

Año 2023:

  • Exportaciones de Guatemala a Estados Unidos: US$5,160 millones.
  • Importaciones desde Estados Unidos a Guatemala: US$11,233.4 millones.

Llama la atención que hemos exportado menos de un año a otro, pero también importado menos. Puede ser un efecto monetario y no de volumen, pero es lo de menos en este análisis.

Lo que pretende Trump es que se facilite el comercio en Guatemala para los productos de su país. Los aranceles los paga el consumidor de los productos importados, no los exportadores. Evidentemente, el efecto resulta en el precio local de los productos importados. Nuestro productos de exportación a Estados Unidos son, principalmente, artículos de vestuario: incluyendo t-shirts, camisas, blusas y suéteres de algodón y fibras sintéticas, representaron el 31.0% del total exportado, con un valor de US$1,443.5 millones. ​Bananos frescos: Constituyeron el 17.9% de las exportaciones, alcanzando US$834.2 millones. ​Café: Representó el 8.2% del total exportado, sumando US$381.6 millones. ​Estos tres productos combinados abarcaron aproximadamente el 57.1% de las exportaciones totales de Guatemala hacia Estados Unidos en ese año.​

Lo anterior implica que si esos productos al ser importados de otros países a los que también se les impuso aranceles, mantienen su costo relativo igual, la demanda podrá mantenerse igual. Sin embargo, es posible que los textiles, bananos o café se importen de otros países que sufrieron mayores aranceles que Guatemala.

Veamos los aranceles que se imponen ahora, según un medio noticioso:

Es así, por ejemplo, para el banano, si Guatemala tiene el mismo arancel que Ecuador, uno de los mayores productores de banano del mundo, el precio relativo se mantendrá igual. La oportunidad vendrá si un productor tuviere menos arancel o bien si el otro tuviere mayor.

¿Cómo podrá Guatemala aprovechar la situación? Colocando aranceles 0% a todos los productos estadounidenses y, a su vez, eliminando todas las barreras no arancelarias que se tienen en el país.

Al hacer esto, se tendrá una moneda de cambio para solicitar, bajo el principio de reciprocidad, que Estados Unidos baje los aranceles a la misma tarifa guatemalteca. No obstante, aunque Estados Unidos mantuviera el arancel del 10%, eliminar el arancel local y las barreras no arancelarias, tendrían el efecto de abaratar los productos estadounidenses en Guatemala.

Esto es muy bueno, dado que permitiría a los guatemaltecos mejorar su nivel de vida, particularmente considerando que importamos casi dos veces y media más de Estados Unidos que ellos desde Guatemala.

Así que es la oportunidad de mejorar la situación guatemalteca y puede hacerse una enorme mejora en los procesos de importación general, colaborando a una mayor cantidad de importaciones, menores precios. Es momento, por tanto de revisar:

  1. procesos aduanales,
  2. licencias y permisos,
  3. registros y requisitos normativos,
  4. tiempos de desaduanaje, cargos portuarios, etc.
  5. eliminación de obstáculos procedimentales (si no hay arancel no importa la valoración ni clasificación arancelaria, por ejemplo, salvo el efecto IVA);
  6. eliminación de simulaciones de impuestos, como el IPRIMA, y simulaciones de privilegios, por ejemplo, como registros sanitarios o requisitos previos como la fortificación del azúcar;
  7. eliminación de barreras de cuotas o cupos para importación.

Si se hacen esas acciones, Guatemala saldrá ganando.

Mario E. Archila M.